La aportación del sector inmobiliario en la creación del Producto Interior Bruto (PIB), supera el 3%, por lo que decir que este sector es una de las mayores fuentes de captación de recursos por parte de los organismos públicos es tan solo exponer en voz alta una realidad que conocen sobradamente hace mucho tiempo las diferentes administraciones, desde las locales (ayuntamientos) hasta el Gobierno Central, pasando por las administraciones autonómicas.
Pero todo ello, ¿está comportando algún tipo de medidas para salvaguardar este sector y mantener el mercado a unos niveles aceptables de actividad?, Realmente parece que no, al menos esta es la percepción que los profesionales del sector mantienen. Es cierto que el producto final está soportando unos precios cada vez mas altos, difíciles de poder mantener y sobre todo cada vez mas alejados de las posibilidades de los futuros adquirentes, lo cual parece presentar una falta imagen de que la compra de una vivienda se está convirtiendo en un acto elitista, al que pocos van a poder acceder, aunque la responsabilidad de esta situación, no está en el mismo sector, por lo que no es a los diferentes colectivos que confluyen en su desarrollo, a quienes se ha de responsabilizar del nivel alcanzado tanto en precios, como en volumen de actividad.
El origen de esta escalada de precios, está en el suelo que se debe adquirir y este quien lo genera en gran medida es la administración, por lo tanto a ella debemos acudir en busca de respuesta, aunque ya sabemos por anticipado que existe una explicación que sirve prácticamente para casi todas las actuaciones que han realizado (o la falta de ellas en otras ocasiones) y es la necesidad de recaudación que tiene la administración para atender los servicios que ofrecen a la ciudadanía, pero también la mayor facilidad que tienen ante las transacciones o tenencias de producto que genera la actividad inmobiliaria. Esta aportación de recursos al PIB, permite además a los organismos públicos encargados de recaudar los diferentes impuestos una vía rápida de acceso (IRPF, IBI y Licencias de obras entre otros), por lo que la percepción de disponibilidad es más próxima.
El alto volumen de actividad tanto de construcción de nuevas viviendas, como de las transacciones que se realizan, (tan solo en los nueve primeros meses del año 2.006 fueron de 706.928 viviendas, según datos del Ministerio de la Vivienda, con una estimación a final de año en torno al millón de transacciones inmobiliarias efectuadas) viene dado no por una mayor oferta de producto, en todo caso esta es la consecuencia de la demanda provocada por la necesidad que existía y que todavía existe en muchas familias, de disponer de una vivienda. Esta carencia se ha visto traducida en oportunidad de compra gracias a la evolución de los tipos de interés que se han mantenido a la baja durante los últimos años, acompañada también de la excelente evolución económica en general y el alto nivel de ocupación. Ahora con un nuevo escenario de tipos de interés al alza, aunque entre los especialistas existe cierta cautela para no alarmar al mercado con avisos de nuevos aumentos, ya que parece ser que si bien esta tendencia se mantendrá, puede producirse a un ritmo y posiblemente a unos niveles inferiores a los que se apuntaban por algunos sectores financieros en el último trimestre del año, por ello debe converger la necesidad de las familias de acceder a una vivienda, con la menor capacidad adquisitiva (en términos comparativos) y plantea nuevamente la demanda de generar un parque de viviendas para atender las necesidades de los niveles de población con menos recursos.
Esta necesidad social y económicas, se ha encontrado hasta ahora con dificultades para su desarrollo, consecuencia de unas políticas aplicadas en la aportación de suelo de titularidad publica al mercado a través de la venta a precios libres lo que ha facilitado, cuando no potenciado, los precios actuales, en lugar de reservarlo para el desarrollo de vivienda protegida o concertadas, lo cual hubiera permitido además de ofrecer un volumen de viviendas necesarias para estos colectivos con ingresos bajos que tienen mayores dificultades para acceder a la compra, un efecto atemperador del incremento de los precios de la vivienda libre, como se ha podido constatar en poblaciones donde el Consistorio han desarrollado estas políticas.
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